Con solo doce diputados en el Palamento andaluz, los de VOX se han encargado de negar una y otra vez que sean un partido de extrema derecha esgrimiendo que solo quieren el bienestar de los españoles. Sin embargo solo le han valido dos gestos para tirar por la borda sus explicaciones y definir bien sus radicales pensamientos.

Esta semana Francisco José Alcaraz, único senador del partido en el Parlamento andaluz, se ha estrenado por todo lo alto vetando una declaración institucional contra la homofobia en el deporte. Lo ha hecho por considerarla según él «un panfleto ideológico». Una obsesión que les hace afirmar cosas como que los grupos firmantes, que por cierto son todos, intentan «colar la ideología de género por la puerta de atrás«. Ellos que tanto defienden al país y a su bandera, quizás se les olvide que esos gays y lesbianas que sufren discriminación en el mundo del deporte precisamente por una cuestión relacionada con el género, también son españoles.

El hecho de que el senador votara en contra hubiese quedado en una simple anécdota que destapase los ideales del partido, si no fuese porque con su veto ha impedido que la declaración saliese adelante. Una declaración que, por cierto, lo único que pretendía era reconocer la necesidad de «entender el deporte como un espacio amable que ofrezca a las personas LGTBI recursos para una práctica inclusiva, segura y libre de discriminación«. Una locura vamos…

Pero no ha sido el único gesto ni mucho menos que ha puesto al partido verde en el centro de las críticas esta semana. De nuevo bajo la excusa de «la ideología del género», el diputado Francisco Serrano ha pedido al Gobierno andaluz la relación de todos los trabajadores, con sus nombres y apellidos, de las Unidades de Valoración Integral de Violencia de Género. Lo hace porque según él les han llegado «denuncias de afectados que aseguran que estos trabajadores no cuentan con las capacitaciones necesarias para ejercer sus funciones en materia de violencia de género…«.

De esta manera, Francisco Serrano, condenado por cierto en 2011 por el Tribunal Supremo a dos años de inhabilitación por un delito de prevaricación dolosa al modificar el régimen de visitas de un menor, se escuda en las presuntas denuncias de afectados cuando en realidad y tal como el propio partido ha manifestado en las redes sociales, lo hacen para ver «si están realmente cualificados o son meros agentes políticos de la izquierda dedicados a potenciar la industria de género”.

Una decisión que pone en tela de juicio los ideales de un partido que niega ser de extrema derecha pero que se comporta como tal. Un partido que no duda en hacer una petición que en el fondo no es más que una caza de brujas por cuestiones ideológicas y que pone en serio aprieto a los profesionales de la Valoración Integral de Violencia de Género, que pueden verse amedrentados a partir de ahora en su propio trabajo. Casi na.

@ManoloDevesa